De 2009 a la fecha se han promovido más de 100 amparos en contra de la reforma a la Ley de los Derechos de la Familia y por los procesos penales que enfrentan más de 30 mujeres en la entidad por practicarse abortos, reveló la ex diputada local Rocío García Olmedo.
En entrevista con El Sol de Puebla, quien en la pasada legislatura local fue una de las principales defensoras de los derechos de las mujeres, consideró insuficiente la propuesta de la dirigencia nacional del PAN en el sentido de no penalizar con cárcel a quienes se practiquen un aborto, pues consideró que la intención del blanquiazul tiene un interés electoral.
García Olmedo destacó que al no conseguirse los votos necesarios en la LVII legislatura para promover un recurso de inconstitucionalidad en contra de la también llamada Ley Antiaborto en Puebla, a título personal promovió un amparo ante la justicia federal, mismo que aún no se resuelve.
Quien como diputada local se pronunció en contra de la reforma, informó que distintas organizaciones y más de 30 mujeres que enfrentan procesos penales por practicarse abortos -aunque en ningún caso se encuentran presas- hicieron lo propio ante instancias judiciales.
En total suman más de 100 los amparos promovidos, los cuales se basan en el argumento de que la reforma, en la que se estableció "el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural", vulnera los derechos humanos de las féminas.
García Olmedo explicó que la legislación poblana, aprobada en 2009, como la de otros 17 estados en el país, contraviene la Constitución Mexicana en la que se establece que una persona cuenta con derechos desde el nacimiento.
Por ello invitó a los actuales legisladores que abran la discusión del tema con argumentos legales y científicos.
PROPUESTA DEL PAN, INTERÉS ELECTORAL
García Olmedo consideró que la propuesta del dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, de promover reformas a los códigos penales de los estados para evitar la pena de cárcel por practicarse abortos es insuficiente para proteger los derechos de la mujer.
En su opinión, la propuesta blanquiazul tiene una intención electoral porque este instituto político se dio cuenta que en 2012, la mayor parte del padrón electoral está integrado por mujeres jóvenes.
Otro dato que la ex legisladora considera que puede influir en la propuesta panista es que entre las mujeres que se han practicado un aborto, el 80 por ciento son católicas: "no es creíble la propuesta del PAN", sentenció.
Al respecto, recordó que la posición del presidente de la República, Felipe Calderón, de defender el derecho a la vida contrasta con los más de 50 mil muertos que ha dejado la lucha contra el narcotráfico.
NO SON ASESINAS
Respecto a los más de 30 casos de mujeres que enfrenten procesos penales en Puebla, afirmó que se trata de personas de escasos recursos que viven con miedo por la ambigüedad que provocó la reforma a las leyes locales: "no son asesinas".
Destacó que a algunas de estas mujeres se practicaron abortos de manera fortuita, debido a que eran ajenas de su embarazo y acudieron a hospitales a practicarse legrados de limpieza por sangrado: "fueron denunciadas por los médicos o por los hospitales", indicó.
Dijo que en algunos casos los trabajadores de la salud han omitido ofrecer la posibilidad de la interrupción del embarazo en caso de una violación, como lo establece la norma oficial mexicana 046 por miedo a resultar involucrados en un proceso penal.
LA DECISIÓN DE LA CORTE SE PUEDE IMPUGNAR
Aunque la semana pasada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalaron las leyes antiaborto de los estados de Baja California y San Luis Potosí, la activista considera "un gran avance" que el tema se haya discutido en el máximo tribunal.
Incluso refirió que la determinación de los ministros aún se puede impugnar a través de un amparo en el que se reclame la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Y es que recordó que los ministros "desestimaron" pero no establecieron un fallo sobre la constitucionalidad de ambas leyes.
Al respecto destacó que las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres a nivel nacional promoverán en breve esta impugnación y harán lo propio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Confió en el éxito de las impugnaciones debido a que recordó que en junio de este año fueron aprobadas reformas que le dan rango constitucional a los derechos humanos, así como a los tratados internacionales firmados en la materia.
De igual forma, subrayó que a través de estos procedimientos legales las organizaciones buscan que el máximo tribunal retome el tema de la inconstitucionalidad de las llamadas leyes "antiaborto".
Cabe destacar que aún están pendientes de resolverse las acciones de inconstitucional de las leyes en la materia aprobadas en los estados de Guanajuato Querétaro y Oaxaca.